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Escándalo en San Justo: un subinspector robó las cubiertas de su patrullero para pagar una deuda personal
El efectivo, que cumplía funciones en la Comisaría Primera, sustrajo los cuatro neumáticos del móvil policial y los vendió para cancelar un compromiso de $400.000. Fue condenado a prisión de ejecución condicional e inhabilitado para ejercer cargos públicos.
LOCALES
1/7/20262 min read
Un hecho sin precedentes sacudió esta semana a la Unidad Regional XVI. Un subinspector de la Policía de Santa Fe, identificado como López, fue condenado tras comprobarse que desmanteló el patrullero que tenía bajo su custodia para saldar una deuda privada de 400.000 pesos.
El hecho
Según la investigación encabezada por el fiscal Guillermo Hernández, el ilícito ocurrió entre el miércoles 24 y el viernes 26 del mes pasado. López, aprovechando su función en la Comisaría Primera de San Justo, extrajo las cuatro cubiertas de un móvil policial que se encontraba estacionado en la dependencia.
Lejos de intentar ocultar el material, el agente entregó los neumáticos al hombre con quien mantenía la deuda, vendiéndoselos como si fueran de su propiedad para quedar "a mano" con el pago.
Investigación y captura
La maniobra fue descubierta pocos días después, cuando el personal de la comisaría advirtió que el patrullero estaba sobre tacos. De inmediato, la División Judicial de San Justo inició una investigación que incluyó el análisis de registros de GPS del móvil, el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios clave.
Al verse acorralado por las diligencias, López intentó entorpecer la justicia amedrentando al comprador de las cubiertas para que las ocultara. Sin embargo, el rápido accionar de sus propios compañeros permitió su detención el pasado lunes al mediodía en pleno centro de nuestra ciudad.
Condena y sanción
Tras reconocer su responsabilidad en un juicio de procedimientos abreviados, el subinspector recibió una condena a prisión de ejecución condicional. Además, la Justicia le impuso una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y la prohibición de portar armas de fuego por el término de tres años.
Desde el Ministerio Público de la Acusación resaltaron la eficiencia de los efectivos locales que llevaron adelante la investigación, subrayando que el cargo público del condenado agravaba el hecho, ya que su deber primordial era, precisamente, la custodia de los bienes del Estado.