Escándalo en Santa Fe: imputaron a un fiscal por abuso sexual de una menor, pero seguirá libre por sus fueros

Un caso de gravedad institucional sacude al norte de la provincia de Santa Fe. El fiscal Leandro Benegas fue formalmente imputado este lunes como presunto autor de delitos contra la integridad sexual de una menor de edad. A pesar de que la Justicia consideró que existen elementos suficientes para dictar la prisión preventiva, el funcionario no quedó tras las rejas debido a la protección legal que le otorgan sus fueros como miembro del Poder Judicial.

La audiencia, desarrollada en los tribunales de la ciudad de Vera, estuvo a cargo de la jueza Norma Senn. El bloque acusatorio fue contundente y estuvo conformado por un equipo de fiscales integrado por Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi, quienes detallaron una serie de hechos que habrían ocurrido en reiteradas oportunidades.

El trasfondo de la acusación: poder y abuso

Según la reconstrucción fiscal, los abusos habrían tenido lugar cuando la víctima era apenas una adolescente. En aquel período, Leandro Benegas no se desempeñaba aún como fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sino que cumplía funciones como funcionario en la Municipalidad de Vera.

Un dato que agrava el contexto de la denuncia es el vínculo de poder que el acusado ostentaba en ese momento: de acuerdo con la imputación, Benegas era el superior jerárquico del padre de la menor. Esta asimetría de poder es un punto clave en la investigación para comprender el entorno en el que se habrían desarrollado los hechos.

La calificación penal presentada por la Fiscalía es severa: abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores, agravada por el uso de intimidación o coerción.

Una detención en suspenso

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza Senn resolvió que correspondía dictar la prisión preventiva para Benegas. Sin embargo, la resolución se topó con un obstáculo legal: la Ley Nacional 25.320. Esta normativa establece que los fiscales, jueces y defensores poseen inmunidad de arresto mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones.

Debido a esta prerrogativa, la medida de detención efectiva quedó suspendida. No obstante, la situación no terminó allí. La magistrada dispuso informar de inmediato la resolución a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial, el órgano encargado de analizar la conducta de los funcionarios judiciales y decidir si corresponde avanzar con un proceso de remoción o suspensión de fueros.

Restricciones y libertad vigilada

Aunque Benegas no fue trasladado a una unidad penitenciaria, el proceso penal continúa su curso y se le impusieron estrictas reglas de conducta para garantizar que no entorpezca la investigación:

1. Fijar un domicilio real.

2. Prohibición absoluta de salida del país, debiendo entregar su pasaporte en un plazo de 48 horas.

3. Prohibición de contacto por cualquier medio con la víctima y los testigos del caso.

El caso permanece en etapa investigativa, mientras el arco político y judicial de Santa Fe aguarda la definición institucional que tome la Legislatura sobre la continuidad de Benegas en su cargo. Por ahora, el fiscal que debe perseguir delitos se encuentra del otro lado del banquillo, imputado por uno de los cargos más graves del Código Penal, pero amparado por la ley que protege su investidura.

Fuente: Rosario Alerta

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