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Reforma laboral de Javier Milei: punto por punto, qué cambios aprobó el Senado y cómo afectan a los trabajadores
El Senado de la Nación convirtió en ley el paquete de modificaciones que busca flexibilizar el mercado de trabajo en Argentina. La normativa introduce cambios en las indemnizaciones, el período de prueba y las multas por informalidad.
NACIONALES
2/12/2026
Tras una extensa jornada de debate en el Congreso de la Nación, el Senado aprobó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa, que formaba parte del paquete de leyes clave para el Ejecutivo, obtuvo los votos necesarios para avanzar en una reconfiguración estructural del sistema vigente.
Uno de los ejes centrales de la nueva ley es la extensión del período de prueba, que pasa de los 3 meses actuales a un plazo de 6 meses. En el caso de las pequeñas empresas de hasta cinco empleados, este lapso podrá extenderse hasta un año, otorgando mayor margen de evaluación a los empleadores.
El texto aprobado contempla también la creación de un fondo de cese laboral, inspirado en el modelo de la UOCRA. Este sistema permitirá a las empresas y sindicatos negociar, vía convenio colectivo, la sustitución de las indemnizaciones tradicionales por un fondo de desempleo acumulativo que financiará el empleador mensualmente.
En cuanto a las sanciones por falta de registro, la normativa establece la eliminación de las multas por empleo no registrado. Con esta medida, el oficialismo busca incentivar la formalización de los trabajadores al reducir la carga litigiosa que enfrentan las pymes ante posibles demandas judiciales de carácter laboral.
Otro punto de alto impacto es la figura del colaborador, que permite que los trabajadores independientes cuenten con hasta tres colaboradores autónomos para llevar adelante emprendimientos productivos. Este vínculo no será considerado como una relación de dependencia, lo que simplifica la contratación en sectores de baja escala.
La reforma también introduce modificaciones en las licencias, permitiendo que la licencia por maternidad pueda iniciarse hasta 10 días antes de la fecha probable de parto. Además, se definieron sanciones específicas para quienes realicen bloqueos de empresas en el marco de conflictos sindicales, considerándolos causal de despido justificado.
El Gobierno nacional celebró la sanción como un paso fundamental para la "reactivación económica" y la creación de empleo genuino. Por su parte, sectores de la oposición y centrales obreras manifestaron su rechazo, advirtiendo sobre una posible pérdida de derechos adquiridos y un aumento en la precariedad laboral.
Fuente: La Nación